Real Madrid lleva la batalla por CVC al Tribunal Supremo
La guerra entre Real Madrid, LaLiga y la operación CVC escribe un nuevo capítulo. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado de forma conjunta por Real Madrid C.F. y Athletic Club contra los acuerdos aprobados por LaLiga en relación con el proyecto de inversión con el fondo CVC. El fallo supone una victoria jurídica para LaLiga, pero ni mucho menos el final del conflicto.
El club blanco acata la resolución, pero la rechaza de plano en el fondo. La entidad presidida por Florentino Pérez considera que la sentencia no responde con la profundidad necesaria a cuestiones que califica de “extraordinaria relevancia” en los planos jurídico, económico e institucional para el presente y el futuro del fútbol profesional español.
El núcleo del debate jurídico
El tribunal madrileño sostiene, de forma esencial, que la compensación prevista a favor de CVC debe entenderse como un gasto de comercialización de los derechos audiovisuales. Bajo esa óptica, la operación no afectaría a los clubes que decidieron no adherirse al acuerdo, como Real Madrid o Athletic Club.
Ahí es donde el club blanco traza una línea roja. Desde el Real Madrid se mantiene que los acuerdos impugnados inciden de manera directa en el modelo de gestión de los derechos audiovisuales, en el marco económico que rige LaLiga y en los derechos e intereses legítimos de todos los clubes que participan en la competición, se hayan sumado o no al proyecto con CVC.
No es solo una cuestión de reparto de dinero. Es una cuestión de poder, de gobernanza y de cómo se blinda —o se condiciona— el futuro de la competición durante décadas.
Un proyecto que mira a varias décadas
Real Madrid subraya que la operación con CVC está diseñada para proyectar sus efectos durante muchos años sobre la estructura económica y de gobierno del fútbol profesional español. Precisamente por eso, el club entiende que el análisis judicial debe ser especialmente riguroso con todas las cuestiones legales planteadas y con sus consecuencias a corto, medio y largo plazo.
Para la entidad madridista, no se trata de una simple operación de financiación, sino de un cambio estructural en la forma de explotar y gestionar los derechos audiovisuales, la principal fuente de ingresos del fútbol profesional. Y ese cambio, a su juicio, no puede quedar amparado por una interpretación que lo reduzca a un gasto de marketing.
Camino al Tribunal Supremo
Lejos de dar el asunto por cerrado, Real Madrid ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. El club considera que existen “cuestiones de evidente interés jurídico” que requieren un pronunciamiento del Alto Tribunal y la fijación de doctrina sobre aspectos esenciales del marco legal aplicable a la gestión y explotación de los derechos audiovisuales del fútbol profesional.
Ese paso eleva el conflicto a su máxima instancia en el orden civil español y abre un escenario con impacto potencial para todo el ecosistema del fútbol nacional: desde la configuración de LaLiga hasta la capacidad de los clubes para decidir cómo explotan sus activos audiovisuales en el futuro.
Defensa de principios… y de modelo
En su mensaje, Real Madrid insiste en que seguirá defendiendo “en todos los niveles posibles” los principios de legalidad, transparencia, seguridad jurídica y protección de los derechos e intereses de sus socios y de todos los clubes que integran el fútbol profesional español.
No es solo un litigio contra una operación financiera. Es una batalla por el modelo de negocio del fútbol español, por quién marca las reglas del juego y por cuánto tiempo quedarán escritas. Y esa respuesta, salvo giro inesperado, acabará dictándose en el Supremo.
