Investigación del FBI sobre la Asociación de Fútbol Argentina por presuntas irregularidades financieras
Recientemente, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) y fiscales federales estadounidenses iniciaron una investigación exhaustiva sobre las operaciones financieras de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), dirigida por Claudio Tapia. El objetivo principal es esclarecer cómo cientos de millones de dólares provenientes de contratos comerciales de la AFA fueron canalizados a través del sistema bancario estadounidense.
Los investigadores se enfocan especialmente en decenas de millones de dólares cuyo destino final no ha podido ser aclarado mediante los documentos bancarios revisados.
Detención del avión y acusaciones contra dirigentes
Según el sitio argentino Infobae, el FBI detuvo el avión del equipo nacional argentino en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York para confiscar bienes pertenecientes a altos funcionarios de la AFA. Entre los investigados por presuntos fraudes y malversación figuran el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, así como los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni.
Tras la final del torneo, los medios argentinos especularon con teorías conspirativas sobre supuestas manipulaciones en los resultados, distrayendo la atención del verdadero escándalo dentro de la asociación.
Convocatoria judicial y lavado de dinero
Funcionarios de la AFA fueron citados para declarar ante el tribunal del Distrito Sur de Florida el 30 de julio, en el marco de la investigación por corrupción. Se les pidió aportar información sobre una empresa fachada en Florida, considerada pieza clave en el lavado y transferencia de fondos derivados de contratos de patrocinio desde la última Copa Mundial hasta 2030.
Se estima que esta compañía recibió alrededor del 30% de los ingresos comerciales totales de la AFA durante este periodo.
Origen de la investigación y volumen económico
La pesquisa, que llevó a la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos, comenzó a tomar forma durante la Copa Mundial cuando Tapia y los líderes acompañaban al equipo en EE.UU. Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las transacciones realizadas a través de la estructura financiera que manejaba los contratos internacionales de la organización. El monto bajo análisis supera los 300 millones de dólares.
Fuentes cercanas a Tapia calificaron las acusaciones como "falsas y sin fundamento", pese a las causas en su contra. Su abogado, Mariano Lizardo, afirmó a La Nación que "no ocurrió nada de lo que se dice".
Detalles sobre la empresa TourProdEnter LLC
La sociedad limitada TourProdEnter LLC, constituida por Faroni y su esposa Erica Gillett, fue designada por Tapia como agente exclusivo para gestionar los contratos internacionales de la AFA, incluyendo ingresos por patrocinadores, derechos comerciales y partidos amistosos de la selección nacional. También recibía comisiones por su intermediación y servicios logísticos.
Documentos bancarios indican que la AFA distribuyó sus ingresos en múltiples cuentas, pasando cerca de 14 millones de dólares provenientes de contratos en Asia, Europa y el Golfo Arábigo por una sola cuenta, donde el dinero permanecía entre 24 y 72 horas antes de ser transferido a otros destinos.
Se señala que la AFA omitió declarar estas sumas en sus estados financieros. Además, se confiscaron más de cincuenta autos de lujo y una propiedad valorada en más de 20 millones de dólares en Villa Rosa, vinculados a un testaferro relacionado con Tapia.
Respuesta oficial de la Asociación de Fútbol Argentina
En un comunicado, la AFA negó parte de la información difundida: el documento citado en diversos medios no constituye una citación directa contra el presidente Claudio Tapia ni contra Pablo Toviggino. La citación emitida por el tribunal estadounidense está dirigida a un tercero que debe presentarse ante un gran jurado y entregar documentos relacionados con varias personas, incluidas autoridades de la AFA.
El texto añade que no se imponen medidas personales contra Tapia o Toviggino, ni órdenes de presentación judicial o incautación de bienes. Alertan que la difusión de información inexacta afecta injustamente la reputación de individuos e instituciones.
